25 de septiembre. Perú ha anunciado el estado de emergencia durante 60 días en dos zonas del país, debido a la agitación política y el aumento de la delincuencia, que causan temor y trastornos.
Las zonas afectadas son la región de Lima, alrededor de la capital del país, concretamente San Juan de Lurigancho y San Martín de Porras, así como el distrito norteño de Talara, en la zona de Piura, al noroeste de Perú, en la frontera con Ecuador.
La presidenta Dina Boluarte dijo en una entrevista que las medidas, que incluyen la suspensión de derechos civiles como la «inviolabilidad del domicilio», tienen como objetivo una «lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado».
La delincuencia en Lima subió más de un 30% el año pasado, pasando de 120.350 denuncias en 2021 a 160.200 en 2022. Entre los incidentes de los últimos días figura el lanzamiento de granadas en San Juan, incluso en una discoteca. Como consecuencia, al menos 15 personas resultaron heridas.
Las protestas políticas en Perú pueden provocar el bloqueo de carreteras, la suspensión de servicios ferroviarios, la interrupción de los servicios de inmigración de las fronteras terrestres y el cierre de aeropuertos, a menudo sin previo aviso ni plazos estimados de reapertura.
Fuente: Travel to Tomorrow
